La comisión no permanente sobre la regulación de los alquileres del Ayuntamiento de Barcelona ha presentado sus conclusiones después de cuatro sesiones en las que han comparecido una treintena de ponentes, algunos internacionales. Han intervenido representantes de la propiedad, de organizaciones de inquilinos, de colegios profesionales y expertos en la materia. A lo largo de cuatro sesiones, que empezaron en marzo de 2020, se han tratado distintos aspectos relacionados con la regulación del precio del alquiler: la situación de las políticas de vivienda, las experiencias internacionales, el marco de regulación y los posibles efectos de la regulación de los alquileres. Desde todos los grupos políticos participantes se ha destacado la calidad y variedad de la información aportada por los expertos y el conocimiento que se ha generado desde la comisión.
En la última sesión se han presentado las conclusiones, que se han aprobado con el voto favorable de los cuatro grupos políticos que han asistido a todas las reuniones: Barcelona en Comú, Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya. Entre estas conclusiones destaca el acuerdo que se deben regular los alquileres. Las formaciones políticas, por lo tanto, han coincidido en que ahora mismo el debate no es si hay que regular los alquileres, sino cómo hacerlo. Han manifestado también que esta regulación no se puede ver como una extravagancia, ya que las experiencias internacionales que se han recogido durante las sesiones demuestran que es una práctica común en muchas ciudades y países.
En la forma de regular los alquileres ha quedado claro que hay que buscar fórmulas que eviten o mitiguen las consecuencias negativas. Hay, pues, que buscar una regulación que proteja a los inquilinos y a la vez garantice el derecho al beneficio razonable de los propietarios partiendo de la visión de la vivienda no cómo una mercancía sino como un derecho fundamental. Para que se cumplan estas dos condiciones se ha concluido que la regulación se debería acompañar de unos indicadores claros que analicen cómo está funcionando y se debería ir actualizando para adaptarse a las circunstancias. Haría falta, también, acompañada de medidas complementarias, como por ejemplo ayudas a la rehabilitación o incentivos fiscales. De esta forma se evitarían algunos riesgos que los expertos han alertado que pueden derivar de la regulación de los alquileres, como por ejemplo el crecimiento del mercado negro o el deterioro del parque de vivienda.
También ha quedado claro que la regulación de los alquileres es solo una medida dentro de un sistema de vivienda que debe ser coherente. Para garantizar el derecho a la vivienda digna para todo el mundo hacen falta otras medidas como aumentar la inversión o la creación de un parque público de calidad.
Políticas de vivienda valientes
El mercado de alquiler en Barcelona y el área metropolitana está tensionado y actualmente las familias destinan una media del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando este porcentaje debería ser del 30%. Esta situación no es fruto de la casualidad, sino que es el resultado de muchos años de políticas que han buscado el beneficio de la especulación y no de los ciudadanos, tal como ha dicho la concejal de Vivienda y Rehablitación, Lucía Martín. Ha quedado claro, pues, que hay que hacer políticas de vivienda valientes desde todas las instituciones, también las municipales que hasta 2011 se habían mantenido al margen, como ha recordado la concejal de Junts per Catalunya, Neus Munté.
Un punto clave para elaborar estas políticas es considerar la vivienda como un derecho y no como una mercancía. Como ha explicado la concejal del grupo municipal de ERC, Eva Baró, los expertos que han comparecido en las distintas sesiones ha aportado un cambio de paradigma en lo que se refiere al derecho a la vivienda que hay que trabajar teniendo en cuenta, no solamente el beneficio que pueda obtener, sino también su función social. Es decir, como un derecho humano. Como ha dicho el concejal del PSC, Joan Ramon Riera, se debe ir más allá de resolver el problema del acceso a la vivienda y trabajar para crear hogares en los que las familias puedan arraigarse y desarrollar un proyecto de vida. Dentro de este cambio de paradigma hay que destacar que, precisamente mientras se llevaba a cabo la comisión, el Parlament de Catalunya ha aprobado una ley de regulación de los alquileres.