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El marco legal actual
En Barcelona el derecho a la vivienda debe servir para garantizar una vida digna a todo el mundo. Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de no tener competencias en materia de vivienda, trabaja intensamente para implementar una política que permita avanzar y cambiar el paradigma del derecho a la vivienda.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la vivienda como parte del derecho a un nivel de vida adecuado afirmando que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure, para él y su familia, la salud y el bienestar, especialmente en cuanto a alimentación, vestir, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios; también tiene derecho a la seguridad en caso de paro, enfermedad, incapacidad, viudedad, vejez u otra carencia de medios de subsistencia independiente de su voluntad”.
En el Estado el contexto legal necesario emana del artículo 47 de la Constitución, que afirma: “todas las personas ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y deben establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y deben regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general por impedir la especulación”.
Y también el Estatuto de Autonomía de Catalunya, en su artículo 26, establece que “las personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, por lo que los poderes públicos deben establecer para ley un sistema de medidas que garantice este derecho, con las condiciones que determinan las leyes”.
Además, en mayo de 2023 se aprobó definitivamente la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, la primera del Estado desde la promulgación de la Constitución. Entró en vigor el 26 de mayo del año pasado y conlleva una serie de cambios que afectan tanto a las personas inquilinas como a las propietarias.
Desde el consistorio se trabaja el derecho a la vivienda aplicando lo que la ley prevé y utilizando todos los mecanismos al alcance para facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda y al mismo tiempo dar soluciones que permitan afrontar las situaciones de emergencia habitacional. Y, simultáneamente, se trabaja en el despliegue de un nuevo marco estratégico para garantizar el derecho a la vivienda con una mirada transversal y compartida desde todas las administraciones.