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Glosario de Vivienda

Aquí encontrarás información sobre todos los temas relacionados con la vivienda de Barcelona

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Acto jurídico documentado

Documento de carácter jurídico sobre el que se aplica un impuesto.

Acuerdo de comunidad

Acta de la reunión de la comunidad de propietarios en la que se aprueba hacer obras.

Administrador de fincas

Persona encargada de administrar inmuebles, tanto comunidades de propietarios como fincas de un solo propietario en régimen de arrendamiento.

AEDE

Ayuda estatal directa al pago de la entrada de una vivienda.

Alquiler

Es el contrato en virtud del que una persona —arrendador, propietario, usufructuario— se obliga a dar a otra —arrendatario, inquilino— el uso y disfrute de una vivienda para un tiempo determinado y a cambio de un precio concreto, la renta.

Alquiler asequible

El precio del alquiler de estas viviendas es inferior al del mercado después de ser incluidos en operaciones de la bolsa de alquiler, actuaciones de rehabilitación protegida o promociones de vivienda con protección.

Amortización

Pago que se realiza para devolver un préstamo.

Amortización anticipada

Posibilidad de devolver el préstamo —total o parcialmente— antes del tiempo pactado. Hay que saber si la entidad de crédito reconoce esta posibilidad y en qué condiciones —si establece una cantidad mínima y el importe de las comisiones—. En general, se suele cobrar un porcentaje sobre la cantidad amortizada de forma anticipada, para compensar el quebranto financiero que implica la alteración del calendario de amortización pactado.

API

Agente de la propiedad inmobiliaria. Profesional titulado que hace de mediador para facilitar que las partes interesadas acaben suscribiendo el contrato inmobiliario que se le ha encargado, sea de arrendamiento, de compraventa u otros contratos afines. Suele cobrar un porcentaje sobre el precio de la venta como contraprestación o comisión.

Arbitraje de consumo

Medio por el que se pueden resolver de manera no judicial los conflictos entre dos partes. Sin embargo, se requiere que estas se sometan voluntariamente al arbitraje. Las resoluciones arbitrales tienen valor judicial.

Arbitrio municipal de plusvalía

Antigua denominación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos.

Arras

Dinero que equivale a una parte del precio de la vivienda y que el futuro comprador da al vendedor como garantía de que lo comprará en un periodo de tiempo determinado. Si se agota el plazo, el comprador pierde las arras. Si el vendedor no respeta el periodo acordado y vende la vivienda a otra persona, debe pagar el doble a quien había entregado las arras. Si la operación se cierra, las arras se consideran un pago a cuenta.

Arrendador

Propietario, persona que alquila un piso.

Arrendamiento

Alquiler de una vivienda a la persona que firma el contrato de arrendamiento y a las personas que conviven con ella.

Arrendatario

Inquilino, persona que firma el contrato de arrendamiento y ocupa la vivienda alquilada. Persona que alquila un bien inmueble.

Asiento

Referido a la vivienda, cada una de las inscripciones que el registrador realiza en el Registro de la Propiedad en lo referente a la vida de una casa.

Autopromotor

Persona que construye su vivienda porque es propietaria de un solar de uso residencial. Debe cumplir algunos requisitos: contratar a un arquitecto que redacte el proyecto técnico y dirija la obra; solicitar una licencia de obras al Ayuntamiento; pagar los impuestos correspondientes; firmar un contrato de obras en el que se incluyan plazos, materiales y precios con un contratista; firmar, ante notario, la escritura de obra nueva al final de la construcción; y, finalmente, inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad.

Autorización

Documento en el que el propietario autoriza al arrendatario a hacer obras en el interior de la vivienda.

Aval

Garantía de una tercera persona que asegura el pago del préstamo en caso de que no lo haga el titular. Es una garantía personal, ligada a la relación personal del avalador con el titular del préstamo. Si es un alquiler, el propietario puede pedir el aval además de la fianza.

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Más presupuesto y aumento del parque público principales consensos de la primera sesión de la comisión sobre la regulación de los alquileres

13/03/2020 - 20:43

Habitatge. Políticos y agentes sociales han estado de acuerdo en que hay que buscar consensos y actuar decididamente para garantizar el derecho a la vivienda

El pasado 10 de marzo se reunió la primera sesión de la comisión no permanente para el estudio sobre la regulación de los alquileres del Ayuntamiento de Barcelona. En esta primera sesión de constitución se ha hablado de la situación y las políticas de acceso a la vivienda en Barcelona, el Área Metropolitana y otras ciudades globales. Para hacerlo se han invitado expertos y agentes sociales que darán sus puntos de vista. Participarán la vicepresidenta de la Asociación de Promotores de Cataluña, Elena Massot; el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, Joan Ràfols; el representante de la Asociación de Gestores de Políticas Sociales de Vivienda de Cataluña, Lluís Hosta, el técnico de vivienda del Observatorio DESC, Guillem Domingo; la secretaria general de Housing Europe, Socha Edwards; i la catedrática de arquitectura de la UPC, Pilar García Almirall. La comisión ha sido presidida por la concejala del grupo municipal de ERC, Eva Baró y la vicepresidencia ha ido a cargo de la concejala de Vivenda y Rehabilitación, Lucía Martín. La comisión tendrá cinco sesiones que se alargaran hasta junio.

Esta comisión nace de la preocupación creciente por la vivienda por parte de la ciudadanía, sobretodo por parte de aquellos que viven en grandes ciudades, y este es un fenómeno global. La presidenta de Housing Europe, Socha Edwards, ha explicado que, por primera vez, la vivienda ha aparecido como una de las cinco prioridades principales. Esta comisión nace de una demanda de la sociedad para asegurar la función social de la vivienda y, durante la primera sesión, políticos y agentes sociales han estado de acuerdo en que hay que buscar consensos y actuar decididamente para garantizar el derecho a la vivienda y en que hacen falta espacios como este para hacerlo escuchando a los expertos.

Aumento del presupuesto y del parque público, principales consensos

El objetivo de la comisión es, por lo tanto, buscar estos consensos. En este sentido destacan algunas de las ideas en las que han coincidido agentes sociales y políticos: la necesidad de aumentar el presupuesto destinado a la vivienda, la colaboración público-privada y un aumento de la vivienda protegida y del marco legal.

Todas las intervenciones han coincidido en la necesidad de aumentar el parque de vivienda que es insuficiente debido a un aumento de la demanda por la llegada de población migrante y el aumento de hogares monoparentales, monomarentales y unipersonales. La forma de hacer frente a esta falta de vivienda, pero, ha sido motivo de discrepancias. Desde la Asociación de Promotores de Cataluña y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona se ha instado a la promoción de la construcción de nuevas viviendas para aumentar la oferta. La catedrática de la UPC, Pilar García, ha hablado, en cambio, de la importancia de la rehabilitación para aumentar y, sobretodo, mejorar el parque de vivienda. Explica que un 80% de las viviendas son antiguas y no tienen calidad suficiente debido a la atomización de la propiedad que ha dificultado la inversión. Socha Edwards, de Housing Project, también ha alertado que durante estos años se ha comprado vivienda como activo económico y con voluntad especulativa. Son viviendas que a menudo están vacías y que han perdido su función social. Ha instado a dar una vuelta a esta situación y trabajar con actores que garanticen que ofrecerán una vivienda asequible y barata como medida para paliar la falta de viviendas disponibles.

Se ha hablado también específicamente de aumentar el parque de vivienda protegida que en la ciudad de Barcelona se encuentra alrededor del 1%. Este es un porcentaje muy inferior al de otras ciudades europeas, en Berlín es un 30% y en Londres de un 23%, y todos los agentes sociales y políticos han estado de acuerdo en que hace falta aumentarlo. Se ha coincidido que parte de esta pérdida proviene del hecho que la vivienda protegida no tenía calificación permanente y se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. En este sentido también ha habido consenso en la necesidad de fomentar la colaboración público-privada para agilizar la construcción de nuevas viviendas protegidas ganando capacidad de inversión y agilizando la burocratitzación. Aun así, la presidenta de la Asociación de Promotores de Cataluña, Elena Massot, ha instado a las instituciones públicas a no trasladar responsabilidades al mundo privado. La catedrática de la UPC, Pilar García, ha alertado que hay que contar con la inversión privada pero no a cualquier precio, debe ir vinculada a que se cumplan una serie de requisitos y se rindan cuentas a la administración pública.

Todos los actores han coincidido en la crítica al marco jurídico de la vivienda, aunque los motivos han sido distintos. Des de la Asociación de Promotores de Cataluña y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona se ha coincidido con la crítica de la falta de seguridad jurídica provocada por los cambios de legislación de los últimos años. Por otro lado Guillem Domingo, técnico de vivienda del Observatorio DESC, ha alertado que esta regulación se ha hecho para frenar una situación de emergencia, no para resolver una situación de fondo. También ha criticado que, en algunos casos, estas reformas hayan sido regresivas, como por ejemplo la reforma de la LAU en la que se va a reducir la duración de los contratos de alquiler.

Regulación de los precios del alquiler, el gran debate

La regulación de los alquileres es uno de les temas que ha generado menos acuerdos. Desde la Asociación de Promotores de Cataluña y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona creen que no hace falta regular los precios de los alquileres y que, de hecho, sería contraproducente ya que se reduciría la oferta. Además, también defienden que eso pondría en peligro la economía de familias que son pequeños propietarios que tendrían dificultades para mantener el patrimonio y acabarían optando por alquilar sus pisos en la economía sumergida. Consideran que el alquiler ya está regulado en lo que se refiere a duración, fianzas e índices de referencia y que esta regulación ya es suficiente.

Agentes sociales, en cambio, se muestran partidarios de regular el precio de los alquileres para reducir el sobre-esfuerzo que deben hacer las familias para disfrutar del derecho a una vivienda digna. Guillem Domingo, del Observatorio DESC, ha opinado que “no podemos esperar que los precios se moderen solos” y que mientras el 32% de la población pueda pagar los precios actuales lo que habrá será un proceso de sustitución de vecinos que ya no podrán pagar por otros con mucha más poder adquisitivo. En este sentido la secretaria general de Housing Europe, Socha Edwards, ha hablado de los efectos sociales de esta expulsión de vecinos que dan vida a la ciudad y conforman el tejido social. También ha hablado de los efectos del sobre-esfuerzo económico para pagar el alquiler. Si las familias tienen que destinar gran parte del sueldo a pagar el alquiler les queda una pequeñísima parte para gastar en la economía local y, por lo tanto, resta competitividad a las ciudades. Por todo esto Edwards se ha mostrado partidaria de limitar precios, como mínimo a corto plazo.

 

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