Desde el inicio de año, la moratoria estatal de desahucios, junto con el resto de herramientas normativas y de negociación de los servicios de Vivienda municipales y la tarea de los movimientos vecinales, ha permitido suspender 9 de cada 10 desahucios previstos de familias en situación de vulnerabilidad en la ciudad. En concreto, entre el 18 de enero y el 28 de febrero la Unidad Antidesahucios municipal ha trabajado en 450 procesos de desalojo de familias en situación de vulnerabilidad, de los cuales 418 no se han terminado ejecutando, lo que representa un 93% del total. Además, la entrada en vigor del Real Decreto Ley 37/2020 ha permitido que el 80% de órdenes de suspendan antes de la fecha prevista, y, respecto al total de suspensiones, el 77% no se ejecutan gracias a acuerdos de mediación directamente relacionados con el RDL 37/2020. La Concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, ha hablado de la importancia del trabajo de Ayuntamiento y vecinos para evitar estos desahucios. «Si no hubiera habido procesos de mediación y acompañamiento y el trabajo de los vecinos los desahucios se habrían producido», ha explicado.
En la mitad de desahucios parados el propietario es un gran tenedor, lo que demuestra la importancia de disponer de herramientas legales que los obliguen a corresponsabilizarse de la solución a la emergencia habitacional ofreciendo un alquiler social a las familias vulnerables. Esto permitiría reducir el número de desahucios, garantizaría el derecho a la vivienda de muchas familias y liberaría recursos humanos y económicos públicos que se podrían destinar a llegar a acuerdos con pequeños propietarios. Martín ha recordado que «los grandes propietarios son unos de los que más se han lucrado con las políticas de vivienda de los últimos años y están detrás del 50% de los desahucios. Por lo tanto, deben corresponsabilizarse «.
La moratoria, de hecho, actúa como incentivo para que los pequeños propietarios lleguen a acuerdos. Su principal virtud es que permite ganar tiempo para que los equipos de profesionales encuentren una solución adecuada y evita a la familia pasar por el trauma del desahucio. «Si no hubiera esta moratoria trabajaríamos con menos capacidad de reacción. No es una solución pero permite ganar tiempo, que la familia no tenga que pasar por el momento traumático. Permite parar el golpe y buscar soluciones «, explicó Martín. La consecución de acuerdos es precisamente una de las principales causas de la suspensión de desahucios, lo que refuerza la necesidad de instituir la mediación obligatoria para ampliar esta cifra y llegar a soluciones beneficiosas para todas las partes, sobre todo en aquellas situaciones con pequeños propietarios.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho llegar al gobierno central una propuesta de ley de vivienda con el objetivo de mantener y ampliar las garantías que la actual moratoria ofrece a las familias en situación de vulnerabilidad. Y pidió también que la moratoria se alargue hasta que la nueva ley entre en vigor. «La moratoria es imprescindible pero no es una solución. Es un paso previo a una ley que establezca una mediación obligatoria en los casos de desahucios a familias vulnerables y corresponsabilice a los grandes tenedores. Mientras no llega esta ley la moratoria es imprescindible «, ha explicado Martín. Recordó también que la actual emergencia habitacional no la ha causado la Covidien-19, sino que se trata de una situación cronificada que la pandemia ha agravado.
418 desahucios parados, la mitad de viviendas de grandes tenedores
Las 450 órdenes de desahucio de familias en situación de vulnerabilidad que han tenido lugar entre el 18 de enero y el 28 de febrero han afectado 1.592 personas, de los cuales un 37% eran menores de edad. Los principales motivos que han permitido la suspensión de 418 de los 450 casos, un 93%, han sido los acuerdos a través de la mediación municipal en un 77%, unos acuerdos que pueden ir desde el pago de cuotas de alquiler, a la prórroga del lanzamiento para gestionar la entrada de la vivienda en la Bolsa de Alquiler Asequible, el aplazamiento temporal del lanzamiento para facilitar el acceso a otros recursos habitacionales o la suspensiones de la propiedad o el juzgados, entre otros. La mayoría de desahucios provienen de situaciones de empleos en precario en viviendas vacías de pequeños tenedores, una situación no cubierta por la moratoria.
En cuanto a las situaciones de los 418 casos que se han podido detener responden a las siguientes situaciones:
– 55% impago de alquiler
– 32% empleo en precario en viviendas vacías de gran tenedor
– 13% finalizaciones de contrato