Vivienda

El Ayuntamiento de Barcelona trabaja de forma transversal para hacer frente a la situación de emergencia de la vivienda causada por la crisis económica y social de los últimos años. El punto de partida para atender esta situación viene condicionado por dos datos destacables: solo el 2 % del parque de vivienda de la ciudad es público, y más del 80 % de los desahucios son causados por las dificultades al pagar el alquiler. Por tanto, es evidente que, por una parte, hay que aumentar tanto el número de viviendas públicas de alquiler como las ayudas y, por la otra, impulsar cambios normativos en la legislación autonómica y estatal, orientados a evitar nuevas burbujas inmobiliarias.

La experiencia de los últimos años ha demostrado que la mejor manera de plantar cara a la emergencia de la vivienda radica en actuar cuando se producen desahucios, garantizar, si es necesario, un realojamiento digno y, sobre todo, trabajar para evitarlos.

Mediando con los propietarios y con ayudas al pago del alquiler, muchas unidades de convivencia que podrían llegar a ser desahuciadas consiguen revertir la situación. Se impide, por lo tanto, el desahucio y los recursos destinados a afrontarlo, pero también se contribuye a prevenir que las personas pasen por una situación tan angustiante.

Junto con el incremento de medidas preventivas para combatir los desahucios, se ha desarrollado una línea de actuación en caso de que se produzcan. En este sentido, se trabaja intensamente para reforzar la cultura de la mediación y se ha impulsado un equipo especializado en la prevención de desahucios, la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER). Este equipo trabaja con los centros de Servicios Sociales, las oficinas de vivienda y los distritos para garantizar el acompañamiento durante todo el proceso y, si procede, facilitar el realojamiento digno de las unidades familiares afectadas.

Sin embargo, somos conscientes de que hay muchas familias en situación de vulnerabilidad por órdenes de desahucio que desconocemos. Es por eso por lo que se está promoviendo un nuevo protocolo con jueces y procuradores que nos facilite cuanta más información mejor y lo antes posible. El objetivo es que el Ayuntamiento obtenga datos sobre los desahucios previstos para actuar con la máxima antelación.

Barcelona se merece un parque de vivienda pública como el del resto de ciudades europeas, es decir, que represente el 15 % del parque existente, frente al 2 % actual. 

Para hacer efectivo este mandato, el Ayuntamiento promoverá diferentes líneas de acción: desde la construcción de nueva vivienda pública, hasta la captación de vivienda privada para ofrecerla en alquiler social; pasando por la compra de pisos y edificios a precios inferiores a los del mercado. Como dato destacable, en la ciudad hay cerca de 31.200 pisos vacíos, de los cuales 2.592 son propiedad de los bancos.

Cabe apuntar que la nueva política de vivienda concibe el parque de alquiler público como una herramienta al servicio de los diferentes colectivos que no pueden hacer frente a la vivienda de mercado. Por este motivo, partiendo del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación como pieza fundamental para promover nueva vivienda, se está trabajando con otros operadores públicos, así como con promotores privados sin ánimo de lucro o lucro limitado, y fomentando también la covivienda. 

Para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, el Ayuntamiento colabora con todos los profesionales del sector de la rehabilitación (adheridos al Observatorio de Barcelona para la Rehabilitación Arquitectónica, el OBRA).

Esta colaboración es una pieza esencial tanto para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en su vivienda como para generar empleo digno.

Este año, de forma innovadora, en la convocatoria del 2016 de ayudas a la rehabilitación se han incorporado ayudas para la mejora del interior de los pisos. Esto permite trabajar en la parte funcional de los edificios y, a la vez, en las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética del interior de las viviendas. Así, las ayudas para la instalación de ascensores o la renovación de las fachadas se combinan con subvenciones para sustituir bañeras por platos de ducha si hay personas mayores que lo requieren, o para mejorar el aislamiento acústico, entre otros.

Todo ello constituye una pincelada a la nueva política de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y a las diferentes dimensiones que preverá el nuevo Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2026. Un proceso que se está llevando a cabo con una vocación de innovación clara y de voluntad participativa no solo con la ciudadanía, sino también con diferentes sectores profesionales.