Paso adelante en la garantía de los derechos energéticos de las personas. Conjuntamente con la Generalitat de Catalunya, el Área Metropolitana de Barcelona y las diputaciones provinciales, se han firmado con la compañía Endesa los acuerdos para condonar la deuda que acumulan miles de familias vulnerables y para regular cómo hacer frente a la pobreza energética.
Concretamente, la Generalitat ha firmado con la compañía eléctrica el acuerdo para condonar la deuda acumulada de 35.000 familias vulnerables entre el 2015 y el 2020, así como el convenio para regular el coste de la pobreza energética que se genere a partir del 1 de enero de 2021, que la compañía asumirá en un 50 %.
Estos acuerdos son un paso adelante en la garantía de los derechos energéticos de las personas y la aplicación de la Ley 24/2015, según la cual cualquier corte en un hogar con personas vulnerables, de acuerdo con el informe de exclusión residencial, es un corte indebido sancionable.
Según Endesa, la deuda acumulada desde la aprobación de la ley, en el 2015, hasta el 31 de diciembre de 2020 asciende a 38.793.524 euros. De esta cuantía, la deuda generada con facturas correspondientes a los años 2019 y 2020 es de 21.316.964 euros.
Acuerdo sobre la condonación de la deuda de las familias vulnerables
La compañía eléctrica asumirá íntegramente la deuda contraída por estas personas y familias vulnerables desde el inicio de la entrada en vigor de la Ley 24/2015 (el 6 de agosto de 2015) hasta el 31 de diciembre de 2018.
La deuda de los años 2019 y 2020 se compartirá al 50 % con las administraciones firmantes. La parte correspondiente a las administraciones la asumirán la Generalitat (75 %) y las administraciones supralocales (25 %).
Convenio regulador de la deuda de pobreza energética
Entre otras cuestiones, el convenio acuerda lo siguiente:
- Las compañías suministradoras de energía eléctrica y de gas se corresponsabilizarán de los gastos derivados del abordaje, prevención e intervención en la pobreza energética.
- Se creará un fondo de atención solidaria financiado como mínimo en un 50 % por las compañías suministradoras y como máximo en un 50 % por la Generalitat.
- Se reconocerá un convenio interadministrativo que establecerá repartir la parte correspondiente a las administraciones en un 75 % la Generalitat y un 25 % las administraciones locales.
- La empresa suministradora, antes de hacer un corte, tendrá que solicitar un informe a los servicios sociales municipales. En este caso, se tiene que garantizar el suministro y se tienen que aplicar las ayudas necesarias establecidas.
- Endesa se compromete a garantizar el derecho de acceso de urgencia al suministro básico de electricidad o gas mediante la instalación de un contador temporal.
- Otros compromisos de las empresas suministradoras, por ejemplo:
- Hacer promoción activa del bono social y adaptarlo a la situación socioeconómica de Cataluña.
- Ofrecer a las personas en riesgo de exclusión residencial un servicio de calidad que asegure el cumplimiento de la ley y la adaptación del servicio a sus necesidades y capacidades.
- Llevar a cabo auditorías energéticas gratuitas con el fin de mejorar la eficiencia energética de los hogares de las personas vulnerables.
- Ofrecer información al usuario completa y comprensible sobre su consumo y potencia.
La lucha contra la pobreza energética en Barcelona
Con el objetivo de garantizar la aplicación de la Ley 24/2015 y proteger los derechos energéticos de las vecinas y vecinos, en el año 2016 se crearon los puntos de asesoramiento energético (PAE). Desde entonces, se ha atendido a más de 90.000 familias y se han detenido 65.000 cortes de suministros básicos en la ciudad. Gracias al acuerdo firmado, 7.300 familias quedarán liberadas de la deuda que tenían, que en total superaba los 6 millones de euros.