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->Un jove treballa al seu escriptori.->Una dona gran asseguda al sofà de casa seva->El replà d´entrada d´un immoble, amb escales i un ascensor->Un edifici de nova construcció, amb els balcons de colors->Una usuària s´informa en una de les oficines de l´habitatge de Barcelona
El derecho a acceder a una vivienda digna es un derecho reconocido por la legislación y las administraciones en diferentes niveles: local, autonómico, estatal e internacional. Con el nuevo Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona (PDVB) se quiere garantizar ese derecho, y se plantea para un periodo de diez años, del 2016 al 2025.
El objetivo del Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2025 es garantizar la función social de la vivienda y avanzar en la construcción de un servicio público en este ámbito que esté a la altura de las mejores prácticas de otras ciudades europeas.
El plan señala siete grandes retos: algunos están vinculados con problemáticas actuales, como la dificultad para hacer frente al pago del alquiler o la necesidad de incrementar el parque público de viviendas, mientras que otros tienen que ver con problemas endémicos, como la dificultad de los jóvenes para encontrar piso o la sustitución de las viviendas principales por alojamientos de uso turístico.
El Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 se estructura en cuatro ejes de actuación estratégicos:
- Prevenir y atender la emergencia habitacional
- Garantizar el buen uso de la vivienda
- Ampliar el número de pisos asequibles
- Rehabilitar el parque existente
A diferencia de los planes anteriores, durante la elaboración del Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 se ha querido poner la participación ciudadana en primer plano, organizando encuentros para conocer de primera mano las problemáticas detectadas por los vecinos y vecinas de los barrios. Por otra parte, el plan actual incorpora un apartado con actuaciones específicas para cada uno de los diez distritos de la ciudad, que viven realidades muy diferentes.
El plan supone un coste total de 2.973,2 M€, de los que 1.666,2 M€ son de aportación directa del Ayuntamiento. El plan está pendiente de aprobación por parte del Consejo de la Vivienda y del Plenario municipal.
Tras somerse a un período de información pública, a un proceso participativo y a la solicitud de informe de los Consejos de Distrito, el Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 fue aprobado por el Plenario del Ayuntamiento de Barcelona el 27 de enero de 2017. Consulta la noticia sobre la aprobación del PDVB.
Destacamos
Enlaces relacionados
- PDVB Volumen I: Análisis y diagnóstico (PDF 4,8 MB) (CAT)
- PDVB Volumen II: Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 (PDF 5,6 MB) (CAT)
- PDVB Volumen III: La situación en los distritos (PDF 74 MB) (CAT)
- PDVB Volumen IV: Anexos (PDF 12,6 MB) (CAT)
- PDVB 2016-2025: Resumen ejecutivo (Versión accesible) (PDF 7,468.25 KB) (CAT)
Retos y líneas de actuación
Aquí se pueden encontrar los principales retos del nuevo Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2025, así como los ejes estratégicos y las medidas que se han desarrollado para hacerles frente.
¿Cuáles son los retos a los que debe hacer frente el nuevo Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2025?
- Reforzar la mediación y las ayudas al pago del alquiler para facilitar el acceso y el mantenimiento de la vivienda
Prevenir es el mejor mecanismo para afrontar las situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda. Para hacerlo efectivo, la ciudad dispone de diferentes recursos en los que hay que profundizar: información, mediación y ayudas.
- Evitar la sustitución de viviendas y proteger a los residentes
Barcelona debe favorecer el mantenimiento de la vivienda habitual y la posibilidad de que los vecinos y vecinas puedan seguir viviendo en sus barrios. La presión del turismo y otros usos no residenciales incrementa los precios y reduce las viviendas disponibles.
- Incrementar el parque público de vivienda
Disponer de vivienda asequible es esencial para dar respuesta a las necesidades residenciales de la población que no puede acceder al mercado libre. Hay que dar un paso adelante en la capacidad de promoción de nueva vivienda pública asequible en Barcelona, orientada principalmente al alquiler.
- Movilizar el parque privado hacia la vivienda asequible
La movilización de vivienda privada permite disponer de vivienda asequible de manera dispersa por los barrios en zonas donde se dispone de escasa vivienda con protección oficial, por lo que se evita la concentración de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
- Desarrollar una política activa de rehabilitación que potencie los entornos más vulnerables
Los problemas de mantenimiento de la vivienda afectan especialmente a las unidades de convivencia con menos recursos, de modo que el aumento de las desigualdades socioeconómicas supone el aumento de las diferencias entre las condiciones residenciales. Para contrarrestar estos efectos, habrá que centrar las ayudas públicas en la población con menos recursos y en los entornos territoriales más degradados.
- Contribuir a la garantía de la función social de la vivienda y evitar los usos anómalos
La Administración debe velar por que una vivienda cumpla con su función social, es decir, por que se aporte a los residentes el espacio, las instalaciones y los medios materiales necesarios para satisfacer las necesidades habitacionales. La Administración tiene el deber de impedir usos anómalos, como viviendas que no se encuentran en un estado adecuado de conservación, desocupadas de manera permanente e injustificada, o viviendas sobreocupadas.
- Preparar la ciudad para el envejecimiento de la población
La población barcelonesa está viviendo un proceso de envejecimiento que, según las proyecciones demográficas, se acentuará en los próximos años. Hay que preparar la ciudad para afrontar este proceso con actuaciones para que las personas mayores puedan alargar al máximo la estancia en sus viviendas y, al mismo tiempo, generar viviendas con servicios a las que puedan trasladarse.
Prevenir y atender la emergencia habitacional y la exclusión residencial
La capacidad de revertir y prevenir la emergencia habitacional será clave para garantizar una Barcelona socialmente justa y equilibrada. Para conseguirlo, es necesario no solo tener en cuenta la situación presente, sino también establecer las bases de futuro que impidan situaciones como la actual, en la que miles de personas se han visto abocadas a la pérdida de su vivienda. Así pues, será necesario atender tanto las problemáticas actuales como aquellas nuevas que ya se detectan y que en los años próximos aumentarán su presencia, como el incremento de la diferencia entre la capacidad económica derivada de los sueldos y el coste de la vivienda de alquiler o el envejecimiento de la población.
En este sentido, las principales líneas de actuación son las siguientes:
- Prevención de la exclusión residencial
- Atención a las personas en proceso de pérdida de la vivienda
- Atención a las personas que no pueden acceder a una vivienda digna
Garantizar el buen uso de la vivienda
La vivienda es un elemento esencial de la ciudad que da forma e identidad a sus barrios. Hay que proteger el uso de vivienda habitual de la presión de otros usos (como el turismo, las oficinas o los servicios), especialmente intensos en determinadas áreas de la ciudad, y evitar las disfunciones derivadas de su excesiva presencia.
Hay que revertir también los usos anómalos que se están produciendo en algunos pisos, especialmente las viviendas vacías y desocupadas, así como la infravivienda o la sobreocupación. Así pues, hay que impulsar medidas para que los barceloneses puedan seguir viviendo en sus barrios y la población de rentas bajas y medias no sea expulsada por motivos económicos de algunos entornos de la ciudad.
Es básico, por lo tanto, el papel de la Administración como garante del buen uso de las viviendas a través de medidas de fomento o, en caso necesario, también con medidas de sanción del mal uso y la desocupación. Al mismo tiempo, habrá que optimizar el buen uso del parque público de la ciudad.
En este sentido, las principales líneas de actuación son las siguientes:
- Movilización de las viviendas vacías
- Mantenimiento del uso residencial y los residentes
- Mejora del conocimiento y gestión del parque público
Ampliar el parque asequible
Barcelona debe ampliar su parque de vivienda pública para atender las necesidades de vivienda de la población. La Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda establece, en el artículo 73, el objetivo de solidaridad urbana para los municipios con fuerte demanda acreditada, entre los que se incluye Barcelona. De acuerdo con este objetivo, Barcelona debería disponer para el año 2027 de un parque mínimo del 15 % de las viviendas principales destinado a políticas sociales, lo que correspondería a cerca de 100.000 viviendas. La situación actual con respecto al parque destinado a políticas sociales impide prever que en el escenario de este plan sea posible conseguir este objetivo, ya que actualmente se puede estimar en 50.000 viviendas el parque destinado a políticas sociales.
El nuevo parque de vivienda asequible se tendrá que generar con unas características específicas:
- Habrá que diversificar los mecanismos para ampliar el parque de vivienda asequible (más allá de la producción de nueva vivienda) para que estas viviendas se distribuyan de la forma más equilibrada posible por los diferentes distritos de la ciudad y se evite agravar las diferencias en relación con la dotación de vivienda social entre los barrios de la ciudad.
- Las nuevas viviendas deben atender tanto las emergencias (vinculadas a los procesos de pérdida de vivienda por desahucio de hipoteca, alquiler u ocupaciones en precario) como a la población con graves dificultades para mantener su vivienda (o que ni siquiera han podido acceder a una vivienda y residen en pisos compartidos, espacios no adecuados o que no disponen de hogar) y a la población con ingresos medios que igualmente tiene dificultades para acceder a una vivienda libre.
- Se concentrarán esfuerzos en los regímenes de tenencia que garanticen su mantenimiento como vivienda asequible a lo largo de los años.
- Se valorará el tipo de promociones que se desarrollarán con respecto al tipo de beneficiarios, número de viviendas, tipologías, flexibilidad, materiales, origen de la propiedad y agente promotor, entre otros.
En este sentido, las principales líneas de actuación son las siguientes:
- Aumento del parque público actual
- Extensión y mejora de las ayudas al alquiler
- Movilización de vivienda privada hacia la vivienda asequible
- Impulso del mercado social
Mantener, rehabilitar y mejorar el parque actual
Disponer de un parque residencial en buen estado es esencial para garantizar la calidad de vida de todos los residentes de la ciudad. En Barcelona, la rehabilitación, la mejora y la actualización del parque residencial es el camino para conseguirlo, a la vez que permitirá garantizar la calidad y seguridad del patrimonio arquitectónico; iniciar la transición energética, favoreciendo la eficiencia, el ahorro y la generación de energías renovables; y revertir las desigualdades, a través de la mejora de la habitabilidad y del acceso a los servicios básicos.
La política de rehabilitación desarrollada hasta ahora se ha centrado en la mejora del paisaje urbano y los elementos comunes de las viviendas, especialmente en las fachadas, la accesibilidad y la seguridad estructural, pero se ha prestado menor atención a las necesidades de las personas que residían en las viviendas y a las dificultades de intervención derivadas de su situación socioeconómica. Esta política ha permitido una importante mejora de la imagen de la ciudad y del parque edificado, pero ciertos entornos donde reside población de rentas bajas siguen concentrando las principales problemáticas vinculadas al estado de las viviendas, y hay que desarrollar nuevos mecanismos de actuación para darles respuesta.
Para mejorar el parque actual, habrá que desarrollar actuaciones en tres líneas básicas:
- Ampliación del conocimiento del estado del parque de viviendas privado
- Establecimiento de una política de rehabilitación con un enfoque más social
- Mejora de la capacidad de intervención de la política de rehabilitación