Ampliación del parque público de vivienda con la compra de tres fincas de la empresa pública Regesa, procedentes del antiguo Consejo Comarcal del Barcelonès y situadas en los distritos de Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc y Nou Barris. Los 170 pisos que forman parte de la adquisición habrían pasado a manos privadas en un plazo de entre 15 y 17 años, como ya ha ocurrido anteriormente con otras promociones sometidas al proceso de desinversión del área metropolitana.
Con una inversión de 10,7 millones de euros, un 17 % por debajo del precio de mercado, la operación de compra municipal ha permitido evitar la pérdida de los tres conjuntos situados en la calle de la Mare de Déu de Port, 179-183 (la Marina, Sants-Montjuïc), en la calle de Teodor Llorente, 6-8 (el Guinardó, Horta-Guinardó) y en la calle de la Selva, 59-61 (Porta, Nou Barris).
¿Por qué se puede privatizar la vivienda pública?
En el año 2006 el Consistorio cedió a Regesa de manera gratuita el suelo municipal de las tres fincas durante 75 años para la construcción de vivienda pública de alquiler. Sin embargo, esta protección tenía una duración de 30 años a contar desde las calificaciones definitivas que se hicieron entre el 2007 y el 2009, un tiempo muy inferior al vencimiento del derecho de superficie, en el 2081.
Transcurridas las tres décadas, estas viviendas se podrían haber privatizado, pero con la adquisición directa del Ayuntamiento la titularidad de las fincas pasa a ser pública y se salvaguarda el derecho a la vivienda asequible de todas las personas residentes en estos pisos de alquiler.
Las fincas adquiridas son las últimas de titularidad de Regesa en la ciudad, y solo quedarán cerca de treinta viviendas situadas en diferentes promociones, que, al tratarse de vivienda de protección oficial, podrían ser adquiridas directamente por el Ayuntamiento o por cualquier otra administración.
Pérdida de vivienda pública en la ciudad
La privatización de vivienda construida en suelo público se podría haber evitado en otras promociones construidas por Regesa, que en su momento vendió el derecho de superficie. El último episodio de estas características tuvo lugar en el 2013, cuando el Consejo Comarcal del Barcelonès, formado por los ayuntamientos de la comarca, vendió el derecho de superficie de 298 viviendas al fondo de inversión Azora y no a una administración pública. Esas viviendas eran de alquiler con una protección con un plazo sensiblemente inferior al tiempo de cesión del derecho de superficie.