El papel de las entidades de vivienda social y cooperativa y sin ánimo de lucro en la ampliación del parque de vivienda asequible ha centrado el último bloque del Foro de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona. Por un lado, la jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, Vanesa Valiño, ha presentado la alianza que el Ayuntamiento ha puesto en marcha con las entidades más representativas de la cooperativa de viviendas. Se trata del convenio ESAL, firmado el pasado mes de noviembre de 2020, y cuyo objetivo es la creación de mil pisos en los próximos años, de los cuales un 60% serán de alquiler y 40% con cesión de uso por 99 años. Además, este convenio contempla iniciativas de covivienda senior y covivienda para personas con diversidad funcional. Según ha explicado Valiño, este convenio representa un paso adelante, ya que responde a una necesidad de disponer de más vivienda protegida y asequible, una prioridad del gobierno municipal y un servicio de interés general. «Es una estrategia que viene de lejos y no hubiera sido posible sin un tejido social de promotores cooperativos y sociales con mucha experiencia y con mucha fuerza», ha explicado. En este sentido, la jefa de gabinete de la concejalía ha recordado que este convenio se empezó a constituir a partir de 2015 a través de la Mesa de Vivienda Cooperativa y ha marcado tres hitos importantes para llegar al mismo: el plan por el derecho a la vivienda, las licitaciones para 246 viviendas en régimen de covivienda (2016 y 2018), la licitación de 105 viviendas en régimen de alquiler para entidades sociales (2017) y la licitación para la venta del derecho de superficie para construir 2018 viviendas (2019).
Vanesa Valiño ha puesto en valor el convenio ESAL, destacando que resuelve límites y carencias de otras acciones: acelera el proceso constructivo, es un modelo más asequible, impulsa la economía social y nuevos modelos de convivencia y apuesta por la transparencia y la creación de sinergias entre los diferentes agentes implicados. De hecho, la creación de sinergias es un punto que ha valorado muy positivamente. Agiliza el proceso porque se dispone de seis meses para solicitar la licencia de obras y de dos años para ejecutar la obra; propone nuevas vías de financiación a través de créditos con el ICF y el ICO, la garantía municipal de impago de más de cinco cuotas, la subvención municipal del 7% retornable una vez amortizado el préstamo, la subvención del 16% del plan estatal de la vivienda, la eliminación del canon durante la amortización del préstamo hipotecario, la bonificación del 95% del IBI y la opción para las fundaciones de ofrecer un 25% de los pisos en derecho a superficie; y porque favorece la lucha contra la emergencia climática a través de la exención de la obligación de construir aparcamiento, la aplicación de técnicas de industrialización, la reducción de la huella ecológica y la certificación energética A (emisiones de CO2) y B (consumo de energía no renovable). «La creación de sinergias es muy importante. Debe ser un proceso colectivo, defendido por los propios usuarios y usuarias y que ellos mismos lo reivindiquen como propio. La transparencia, la publicidad y la sinergia son muy importantes «, ha comentado Valiño. «Esto nos debe llevar a repensar la concepción de la vivienda como un bien de uso, no especulativo, que nos ayude a vivir de otro modo», agregó.
La colaboración público-comunitaria, un modelo escalable y con un retorno muy potente a la sociedad
Al debate se han sumado representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de la ciudad y de las principales entidades sociales en la gestión de la vivienda social y cooperativa que han explicado cómo garantizan el acceso a la vivienda jóvenes a través de sus proyectos, y también para promover la convivencia y el cohousing para personas mayores y para personas con discapacidad. Además de Vanesa Valiño, han participado en la mesa redonda la miembro de La Hidra Cooperativa, Laia Forné Aguirre; el presidente de la Fundación Salas y representante de Cohabitat, Manel Rodríguez y la coordinadora de la Fundación La Dinamo, Gloria Rubio. Ha moderado la mesa la periodista de El Periódico, Gemma Tramullas.
Desde La Hidra Cooperativa, Laia Forné Aguirre ha comenzado a hablar sobre la colaboración público-comunitaria con el ejemplo de uno de sus referentes, el convenio de cesión a favor del espacio de Can Batlló, y ha detallado tres retos importantes para este tipo de modelo. En primer lugar, la necesidad de requerir de una mirada de lo público y un cambio de rol de los actores, tanto de las administraciones como de los actores sociales y comunitarios. «Debemos saber cómo aseguramos la transparencia en los procesos con mecanismos de democracia interna y de participación», ha explicado. En segundo lugar, la necesidad de disponer de nuevas métricas para poder responder a nuevos valores. «El cambio de rol irá acompañado de una nueva mirada de los servicios públicos que incorpore nuevas métricas y valor al impacto social de los proyectos y el retorno que generan a la ciudad», ha comentado. En este sentido, Forné ha vuelto a hablar del ejemplo de Can Batlló para hacer evidente el impacto y el retorno que ha tenido, no solo en la propia comunidad, sino también en toda la ciudad. En tercer lugar, la escalabilidad para que este modelo llegue a una política universal. La miembro de La Hidra Cooperativa ha puesto los ejemplos de Dinamarca y Uruguay y ha comentado que «hace falta una apuesta clara de financiación pública para hacer posible la consolidación de este modelo y que se convierta en escalable y universal. El convenio ESAL es un primer paso». Por último, también ha destacado el reto de incrementar el parque de vivienda asequible a nivel público-comunitario, también en suelo privado, como es el caso de Berlín. «Debemos tener una visión más amplia que suponga un cambio en la organización social y económica que nos ayude a poner límite a la especulación. Ahora es un buen momento «, ha concluido.
En su turno, la coordinadora de la Fundación La Dinamo, Gloria Rubio, ha compartido la experiencia de La Borda y la voluntad de replicarla a todo el territorio. «Se trata de una alternativa real a los modelos convencionales de acceso a la vivienda», ha explicado. «Transforma la propiedad individual y plantea desde la propiedad colectiva», ha añadido. Rubio ha puesto en valor este modelo y ha remarcado que es importante que esté dentro de los planes estratégicos de todas las administraciones públicas en materia de vivienda. A través de este modelo se defiende la vivienda como un derecho universal y digno y establece mecanismos que evitan la especulación, se apuesta por la economía social y solidaria, cambiando los modelos tradicionales y poniendo las personas en el centro de todas las decisiones, se trabaja conjuntamente para crear nuevas sinergias y hacer crecer las alianzas y tiene un impacto social, dentro del propio proyecto, pero también en todo su entorno. Gloria Rubio también ha destacado que, para que este modelo dé un paso adelante y se pueda replicar, es indispensable la colaboración. En este sentido, ha explicado que hay que crear un marco legal propio que marque cuál es el modelo y evite la entrada de promotoras y constructoras del mercado capitalista. Según apuntó Rubio, actualmente hay 35 proyectos en promoción en Cataluña, de los cuales 17 están en Barcelona y sólo 2 están ubicados en suelo privado.
Las intervenciones han acabado con la participación del presidente de la Fundación Salas y representante de Cohabitat, Manel Rodríguez, que ha explicado el papel que están llevando a cabo desde Cohabitat, la cual representa 12 fundaciones con más de 3.000 viviendas en alquiler en la provincia de Barcelona, pero también por todo el territorio. «Necesitamos que el tema de la vivienda se trate de una manera conjunta y los modelos se propaguen de una manera ágil. Es una cuestión de emergencia habitacional», ha explicado. Rodríguez ha explicado que, para promover la vivienda asequible, se necesitan cuatro elementos. En primer lugar, suelo. Según ha apuntado, se requiere capacidad de crear vivienda sin consumir territorio y con un coste que sea bajo. En segundo lugar, se necesita financiación. También hacen falta ayudas a través de subvenciones u otros modelos de subvención retornable, por ejemplo. Y, por último, el proceso también requiere de una gestión profesionalizada muy compleja.
Por último, Vanesa Valiño ha intervenido destacando que los encuentros entre todos los actores implicados son necesarios para alcanzar sinergias potentes, la transformación y la universalización del modelo. «El reto es brutal y no nos podemos permitir que cada uno mire solo su parcela», ha concluido.