El Consejo de la Vivienda Social de Barcelona (CHSB) celebró su plenaria en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona ayer. Es la primera plenaria presencial después de la pandemia y se ha centrado en la presentación y balance de las actividades llevadas a cabo durante los primeros cinco años del Plan por el Derecho a la Vivienda.
El CHSB, fundado en 2007, nace en el marco del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, formado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. Es un órgano consultivo y de participación sobre la política de vivienda de la ciudad formada por representantes políticos, empresas, entidades y expertos en vivienda.
Balance de los primeros cinco años del Plan por el Derecho a la Vivienda
El punto principal de esta sesión plenaria ha sido el balance de los primeros cinco años del Plan por el Derecho a la Vivienda, que tiene una duración de diez años. «Ahora que nos encontramos a la mitad de este plan es un buen momento para ver dónde estamos y revisar prioridades teniendo en cuenta el nuevo contexto», ha explicado la concejala de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, Lucia Martín. El representante del Observatorio DESC, Guillem Domingo ha agradecido este trabajo que no se hace siempre, ya que «a menudo los planes ni se aprueban o se guardan en un cajón sin revisarlos». Durante la sesión, también se han recogido las aportaciones de las tres sesiones de participación celebradas a lo largo del verano. En estas sesiones han participado 40 entidades.
Lucía Martín ha sido la encargada de presentar al consejo el informe de valoración del Plan por el Derecho a la Vivienda. Uno de los objetivos principales es la ampliación del parque de vivienda asequible, no solo a partir de la promoción de nuevas viviendas sino también con otras estrategias como la adquisición de viviendas, la captación de vivienda privada o las ayudas al alquiler para evitar la pérdida de la vivienda. A finales de 2020, las administraciones públicas han ofrecido apoyo en el acceso o mantenimiento de la vivienda a 32.000 unidades de convivencia. En cuanto a las acciones previstas en el Plan por el Derecho a la Vivienda, algunas han cumplido o superado las previsiones como la promoción de vivienda asequible, donde se han construido casi 7.000 respecto a las 5.696 previstas, o en la adquisición de viviendas. Han quedado por debajo de lo previsto la captación de vivienda privada y las ayudas al alquiler. Una de las apuestas importantes ha sido la promoción de viviendas público-comunitarias a través del convenio ESAL. El representante de Sostre Cívic, David Guardia, ha querido poner en valor la apuesta del ayuntamiento por la vivienda cooperativa en cesión de uso, un modelo que tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad, la economía de proximidad y la dinamización comunitaria.
Otro punto destacado del plan es la información y la transparencia. “Necesitamos disponer de datos y estudios sobre políticas de vivienda. A menudo, la falta de políticas públicas viene de la falta de información”, ha explicado Martín. En este sentido, ha destacado la creación de entidades como el Observatorio Metropolitano de Vivienda o la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda. También del censo de pisos vacíos, una demanda histórica de los movimientos por el derecho de la vivienda. Ahora sabemos que en Barcelona existen 10.052 pisos vacíos, que representan el 1,22% del total. Esta cifra está muy lejos del 3% que se creía que existía. También ha destacado la creación en 2017 del Índice de Referencia de Precios del Alquiler que ha servido de base, entre otros, para la Ley de Regulación del Alquiler.
Otro bloque importante del Plan por el Derecho a la Vivienda es el de la emergencia habitacional y las medidas antiacoso y disciplina de la vivienda. En cuanto a la Mesa de Emergencia Martín ha dicho que es «la asignatura pendiente». Durante estos cinco años se han adjudicado 1.108 viviendas, pero hay 567 a la espera. Destacó, también, que durante estos años se ha atendido a nuevos colectivos que, pese a encontrarse entre los más desfavorecidos, quedaban fuera de la Mesa de Emergencia. Se ha eliminado el requisito de tener unos ingresos mínimos y se han introducido colectivos como las familias sin título habilitante o en situaciones de violencia machista, entre otros requisitos. En este sentido, la representante de la comisión permanente del CHSB, Lourdes Garcia, ha hablado de la importancia de no hablar de emergencia sino de prevención en lo que se refiere a la pérdida de vivienda. Ha reivindicado que no podemos hablar de Mesa de Emergencia si hay una lista de espera de dos años y ha recordado que «hace muchos años que hablamos de 600 familias esperando un piso». Garcia ha recogido las propuestas de la sesión participativa que pedían un incremento de la colaboración entre administraciones para hacer frente a la emergencia habitacional y un aumento de los recursos que hacerle frente.
Desde la Unidad de Antiacoso también se ha hecho un trabajo muy importante de vigilancia del despliegue de la ley catalana de regulación de los alquileres, del acoso y del mal uso de vivienda protegida. Se ha realizado, entre otras acciones, una inspección del parque privado de vivienda protegida, una actuación que nunca se había hecho hasta ahora. Aunque no ha quedado recogido en el informe porque es muy reciente, Martín también ha recordado que recientemente el Ayuntamiento ha impuesto la primera sanción a un propietario por el incumplimiento de la regulación de los precios del alquiler. Desde el Sindicat de Llogateres han recordado que cada semana reciben contratos que incumplen la Ley de regulación de precios del alquiler. «Es una ley modélica sobre el papel, pero hay que ponerla en práctica», ha dicho su portavoz Carme Arcarazo.
Otra apuesta clave del Plan por el Derecho a la Vivienda es la rehabilitación. En este sentido la concejala ha destacado la apuesta por hacer llegar las ayudas a la rehabilitación a los sectores que quedaban fuera por dificultades sociales o económicas. Por eso se ha incrementado la dotación de las ayudas a la rehabilitación de fincas de alta complejidad, de rehabilitación de interiores y para personas en situación de vulnerabilidad. También se ha trabajado para vincular estas ayudas a barrios y no sólo edificios con el objetivo de impulsar la regeneración urbana y el espacio público. En este sentido, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha hablado de la necesidad de vigilar que la rehabilitación de las zonas de alta complejidad no cree efectos adversos y acabe haciendo que suban los precios del alquiler de esta zona y, por tanto, se expulse a los vecinos. Martín ha explicado que, en el caso de las ayudas que otorga el Ayuntamiento de Barcelona, están condicionadas a garantizar una estabilidad de precios. Y el vicepresidente segundo del CHSB y Secretario de Vivienda e Inclusión Social, Carles Sala, ha remarcado que muchas de estas ayudas están vinculadas a la eficiencia energética y, por tanto, acaban repercutiendo en un ahorro para las personas que viven en estas viviendas.
Nuevas emergencias y Plan Territorial Sectorial de Vivienda
La plenaria también ha servido para poner sobre la mesa las preocupaciones de los participantes en materia del derecho a la vivienda. Uno de los puntos importantes que Carles Sala ha puesto sobre la mesa ha sido la futura aprobación del Plan Territorial Sectorial de Vivienda. Este plan prevé crear 900.000 hogares asequibles en los próximos veinte años con la colaboración de la Generalitat, el Estado y los Ayuntamientos. En este sentido el representante del Observatorio DESC, Guillem Domingo, ha dicho que es una buena noticia que se reactive y ha reclamado una futura sesión para ver cómo encaja este plan con las políticas impulsadas desde Barcelona y sentarse con todas las administraciones implicadas para ver cómo se alcanzan estos objetivos.
Otra preocupación fueron las nuevas emergencias habitacionales. En este sentido tanto la representante de la PAH, Lucía Delgado, como la representante de la Mesa del Tercer Sector, Sonia Lacalle, han hablado del realquiler de habitaciones, una solución que han buscado los sectores más vulnerables y que a menudo no pueden acceder a la mesa de emergencia. En este sentido Lucía Martín ha recordado que esta es una realidad que se puso de manifiesto en los primeros meses de pandemia y el Ayuntamiento ha querido hacerle frente pagando alimentos y alquileres de habitaciones. La prohibición del alquiler de habitaciones por menos de 31 días que se quiere impulsar es para evitar su uso turístico, no para ir en contra del realquiler de habitaciones en personas vulnerables. Sin embargo recordó que la clave es prevenir y evitar impagos y desahucios.
Nuevas incorporaciones
Esta sesión plenaria ha servido también para dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones. Por un lado, se ha aprobado la elección del director de la Fundació Família i Benestar Social, Josep Maria Puig como vicepresidente primero del consejo. De Puig se ha destacado que es una persona implicada en la problemática de la vivienda social desde el inicio. También se han incorporado como nuevos miembros la Alianza Contra la Pobreza Energética y la coordinadora de fundaciones promotoras y gestoras de vivienda social de alquiler de Catalunya COHABITAC. Además se ha presentado la constructora de vivienda protegida CEVASA, que se incorporó a la última plenaria no presencial. Como expertas se han incorporado la asesora jurídica y experta en derecho y arrendamientos urbanos, Elga Molina y la profesora de la Universidad de Barcelona, Montse Pareja.