La crisis económica derivada de la pandemia ha hecho caer en el 2020 la construcción de vivienda en el área metropolitana en un 23 %, excepto en Barcelona ciudad, donde se ha sostenido gracias al incremento del 108 % de la vivienda protegida.
Según el informe anual de análisis del sector de la vivienda del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (O-HB), actualmente en la ciudad hay en torno a 2.300 viviendas en obras o cerca de iniciarlas, la gran mayoría, un 80 %, de alquiler social y asequible, y el resto con distintas fórmulas, como la cesión de uso y derecho de superficie, para garantizar también la titularidad pública y evitar que, en el futuro, se puedan vender y privatizar, y que se enmarcan en la estrategia para incrementar y consolidar el parque público.
Esta estrategia va en sintonía con la tendencia del régimen de tenencia de las viviendas, ya que en el periodo 2018-2019 en la ciudad un 38,4 % de los hogares tenían régimen de alquiler (frente al 28,5 % del 2001) y, en el resto del área metropolitana, un 23,4 % (frente al 12 % del 2001). Además, se ha reducido el número de hogares con hipoteca: el 16,7 % en Barcelona (17,7 % en el 2016) y el 25,5 % en el área metropolitana (28,4 % en el 2016).
La renta de la población y el coste de la vivienda
Por otra parte, la diferencia entre el poder adquisitivo de las familias y los precios del alquiler sigue ensanchándose. Mientras que la renta de la población barcelonesa experimentó un descenso muy notable durante el 2020 a causa de la pandemia, en torno al 14 %, los precios del alquiler solo se redujeron de manera leve, un 1,4 %. Asimismo, el esfuerzo económico que tienen que hacer las personas o familias inquilinas es muy alto: mientras que en Barcelona y el área metropolitana tienen que destinar al alquiler el 40,5 % del total de sus ingresos, en el global del Estado este porcentaje es el 32,1 %, y desciende hasta el 24,9 % en la media de toda la Unión Europea.
El informe analiza también cómo se aborda la emergencia habitacional a través de los resultados de los instrumentos de las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda digna a las personas que, a pesar de las negociaciones con la propiedad, han tenido que dejar la vivienda o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. En este sentido, la Unidad Antidesahucios de la ciudad ha mediado, desde que se creó, en el 2016, en más de 10.000 desahucios, y entre el 18 de enero y el 28 de febrero de 2020 se han conseguido evitar el 77 % de los desahucios de familias vulnerables gracias a acuerdos de mediación, suspensiones o prórrogas.