Garantizar el derecho a la vivienda a las personas más vulnerables es una prioridad municipal, que continúa más vigente que nunca durante la crisis por la COVID-19. Por eso, se ha anunciado una aportación extraordinaria municipal de 2,5 millones de euros para complementar las ayudas estatales para hacer frente a los alquileres. Además, la alcaldesa, Ada Colau, ha propuesto un pacto de Estado por el derecho a la vivienda y ha recordado al Gobierno español la necesidad de los ayuntamientos de disponer de más recursos y financiación en este ámbito.
La alcaldesa, Ada Colau, ha reclamado en una carta al presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, un pacto de Estado para proteger y garantizar el derecho a la vivienda, y al mismo tiempo le ha planteado la necesidad de modificar la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para que los ayuntamientos puedan disponer del superávit acumulado para poder paliar los efectos de la crisis social y económica generada por la COVID-19.
La carta de la alcaldesa va acompañada de un documento con propuestas concretas en materia de vivienda para solicitar al Gobierno estatal que:
- Alargue la suspensión de los desahucios y prorrogue los contratos de alquiler seis meses más.
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Reduzca el IVA en las nuevas promociones de vivienda protegida.
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Obligue a mediar al inicio de un proceso de desahucio.
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Facilite la compra de vivienda por debajo del precio de mercado a las administraciones.
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Establezca que los grandes tenedores deben destinar a alquiler asequible una parte de las viviendas.