Fachada exterior de varios edificios

La Mesa de Emergencia como herramienta para garantizar el acceso a la vivienda

Este mecanismo responde a situaciones de emergencia social a raíz de la crisis, que ponen en riesgo que los ciudadanos mantengan su vivienda habitual.

La Mesa de Emergencia

La Mesa de Emergencia es fruto de la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, mediante el Consorcio de la Vivienda de Barcelona, para asegurar que la vivienda sea un derecho básico.  Este mecanismo responde a situaciones de emergencia social a raíz de la crisis, que ponen en riesgo que los ciudadanos mantengan su vivienda habitual. Perder la vivienda comporta un impacto negativo en el núcleo de convivencia, el alejamiento del entorno social y la posibilidad de pasar por un traumático proceso de desahucio.

Todas las personas que se encuentren en situación de emergencia, vulnerabilidad y pérdida inminente de la vivienda deben dirigirse a la mesa de adjudicación de emergencias sociales de Barcelona para poder acceder a las viviendas para emergencia social.

Para casos muy urgentes de vulnerabilidad y de pérdida inminente de la vivienda, el Consorcio de la Vivienda dispone de las viviendas del fondo de alquiler social, que adjudica a través de la Mesa de Emergencias Sociales de Barcelona.

La mesa valora los expedientes transmitidos por las oficinas de la vivienda y otorga el acceso al fondo de alquiler social tras evaluar cada caso. Si las demandas a la mesa superan el número de viviendas disponibles en el fondo, se otorgarán viviendas provenientes de los programas de captación de pisos.

¿Quieres saber más?

En estos desplegables encontrarás los requisitos, pero hay que destacar que no existen plazos para solicitar las viviendas para emergencia social. Si te encuentras en una situación de emergencia y riesgo de exclusión residencial, dirígete a la oficina de la vivienda de Barcelona más cercana para exponer tu caso y te ayudaremos a encontrar la mejor solución.

Destinatarios

Se entiende por emergencia social la pérdida de vivienda debido a una situación de pérdida inminente de la vivienda habitual en la ciudad. En este sentido, los pisos para emergencia social se destinan a las personas que:

  • Se vean privadas de la vivienda por decreto judicial o por la existencia de una sentencia judicial firme.
  • Se vean privadas de la vivienda por la dación en pago del inmueble a una entidad financiera o filial inmobiliaria.
  • Vivan en unidades de convivencia con menores de edad en una vivienda en condiciones precarias de sanidad, higiene y seguridad.
  • Vivan en unidades de convivencia en las que alguno de los miembros tenga problemas graves de salud que se agraven por las malas condiciones de la vivienda.
  • Vivan en unidades de convivencia en las que alguno de los miembros tenga una discapacidad y sus problemas de movilidad se agraven por las malas condiciones de la vivienda.
  • Vivan en unidades de convivencia con menores o personas vulnerables que se vean afectadas por los problemas estructurales del edificio.
  • Son derivadas por la Bolsa de Alquiler de Vivienda Social de Barcelona.
  • Tengan posibilidades de perder la vivienda y, mediante la mediación de las oficinas de la vivienda o de servicios análogos, hayan llegado a un acuerdo con el propietario para incluir una vivienda en la Bolsa de Alquiler Social.

Requisitos

Para poder acceder a estas viviendas deben cumplirse los siguientes requisitos:

  • Tener la nacionalidad española o la de un país miembro de la Unión Europea. Si tiene la nacionalidad de otro país, el solicitante deberá acreditar estar en posesión del permiso de residencia vigente.
  • Tener una residencia mínima continuada en Barcelona de un año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, acreditada mediante el padrón municipal de habitantes. Excepcionalmente, la mesa puede aceptar aquellos casos en los que se acredite que, en el periodo de tres años inmediatamente anterior a la solicitud, se ha tenido una residencia mínima discontinua de dos años en la ciudad de Barcelona, siempre que los solicitantes justifiquen que en este periodo de tres años han residido en otro municipio, como máximo durante un año, y con la finalidad de mejorar sus circunstancias sociolaborales.
  • Disponer de ingresos económicos mensuales inferiores a los siguientes:  
    • Con respecto a personas que viven solas: la percepción de unos ingresos brutos mensuales inferiores a 2 veces el IRSC.  
    • En el caso de unidades de convivencia, la percepción de ingresos brutos mensuales, ponderados según los coeficientes de ponderación aplicables en los procesos de adjudicación de viviendas con protección oficial de una cuantía inferior a 2,5 veces el IRSC, excepto para solicitudes de personas con discapacidades sobrevenidas o unidades de convivencia con personas con un grado de dependencia elevado, que será de 3 veces el IRSC.  
    • Excepcionalmente, las personas o unidades de convivencia con ingresos superiores a los determinados en los puntos anteriores si se acredita y justifica la excepcionalidad del caso mediante un informe social. Para calcular los ingresos brutos de la unidad de convivencia a los efectos de los apartados anteriores, no se computarán, si procede, las cantidades económicas correspondientes a pensiones de alimentos o pensiones compensatorias que los miembros de la unidad de convivencia estén obligados a abonar, siempre que hayan sido ratificadas judicialmente y se acredite su abono con la correspondiente documentación.
  • No disponer de recursos económicos suficientes en cuentas corrientes o de otros depósitos análogos en entidades financieras. Se entenderá como recursos suficientes los que superen 0,5 veces el IRSC ponderado en cómputo anual.
  • Encontrarse empadronados en el domicilio afectado todos los miembros de la unidad de convivencia solicitante en el momento de la posible pérdida de la vivienda.
  • No ser propietario, usufructuario o titular de derecho real sobre ninguna otra vivienda ni ostentar ningún derecho de uso o cualquier otra tenencia sobre una vivienda, ni tampoco sobre ningún otro bien inmueble que, a pesar de no ser una vivienda, tenga un valor catastral superior a 12.000 euros. En caso de que se tenga más de una propiedad de bienes inmuebles que no sean viviendas, a efectos de cálculos, se sumarán las fracciones de cada una, teniendo en cuenta que no pueden superar los 12.000 euros.
  • No haber renunciado a la adjudicación de una vivienda de emergencia social en los últimos dos años.
  • Que la fecha de presentación de la solicitud con la documentación completa en la oficina de la vivienda correspondiente sea, en todos los casos, previa a la fecha de la ejecución efectiva del lanzamiento.
  • Que la causa que comporta la pérdida de la vivienda no sea imputable al solicitante. Se consideran causas imputables:
    • Que el valor total de la deuda hipotecaria no se haya destinado, mayoritariamente, a la compra de la vivienda o a actividades económicas de las que se depende.
    • No haber aceptado otras viviendas públicas o privadas que hayan sido ofrecidas y adecuadas a la situación familiar y económica.  
    • No haber movilizado los recursos disponibles con el objetivo de mantener la vivienda, no haciendo frente a las obligaciones contractuales. Se exceptúa el supuesto de que el motivo por el que no se hayan movilizado sea por una necesidad básica como puede ser la alimentación o la salud de los miembros de la unidad familiar.
    • Cualquier otra causa que denote mala fe por parte del solicitante.
  • Encontrarse en una situación de emergencia social por pérdida de vivienda.
  • Que el informe social acredite la evolución adecuada de la unidad de convivencia, a criterio de los Servicios Sociales, y que este informe sea favorable a la adjudicación de una vivienda.

Documentación

Los solicitantes de viviendas de emergencia social deben aportar la siguiente documentación:

  • DNI, NIE o pasaporte de todos los miembros de la unidad de convivencia, con el correspondiente permiso de residencia vigente.
  • Si procede, certificados de discapacidad o movilidad reducida de cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia.
  • Libro de familia o documento que lo sustituya.
  • Certificado de empadronamiento.
  • En caso de familias monoparentales, el carné de familia monoparental. Si esta situación resulta de un divorcio o separación, la sentencia correspondiente.
  • En el supuesto de que el solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia esté afectado por problemas de salud graves, se debe presentar el certificado médico y el historial clínico.
  • Declaración de la renta del año fiscal anterior o certificado de imputación de ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años.
  • Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social actualizada de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años.
  • Contrato de trabajo y nóminas de los últimos seis meses de todos los miembros de la unidad de convivencia en activo, así como carta de finalización de contrato o de despido del último trabajo, en caso de que el solicitante y las personas en edad laboral que conviven se encuentren en situación de paro.
  • Certificado o certificados que acrediten la percepción de una pensión emitidos por el INSS, en caso de que la persona solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia sea pensionista o, si es necesario, certificado negativo.
  • Certificado de pensiones públicas emitido por el organismo correspondiente de la Seguridad Social y certificado de prestaciones sociales emitido por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
  • Las unidades de familiares que están separadas o divorciadas tendrán que acreditar la separación o divorcio con la sentencia o el acuerdo ratificado judicialmente. En caso de presencia de menores, se acreditará el cobro/pago de las pensiones compensatorias de alimentos y, en su defecto, la reclamación judicial para hacer efectiva la obligación. Se exceptúan de la presentación de esta documentación las situaciones de violencia machista debidamente acreditadas.
  • Resolución de otorgamiento y prórrogas de las ayudas o prestaciones que estén percibiendo (ayudas al alquiler, renta mínima de inserción, paro, subsidio, etcétera).

Documentación específica

  • Extractos bancarios de todas las cuentas de las que sean titulares cualesquiera de los miembros de la unidad de convivencia, con la declaración jurada correspondiente. Para los casos de falta de pago del alquiler o de la hipoteca, los extractos se referirán desde los tres meses anteriores a los que se produjo el primer impago hasta la fecha actual; y se acreditará que disponían, en el momento de la formalización del contrato, de ingresos suficientes para hacer frente al pago del contrato de alquiler o hipoteca.
  • Demanda de empleo en caso de que se encuentre sin trabajo.
  • Declaración jurada de ingresos reales, en un modelo normalizado, conforme no se reciben más ingresos de los declarados.
  • Si no se pueden acreditar los ingresos con ninguno de los documentos citados anteriormente, con carácter previo a la elevación a la mesa, las solicitudes deberán acompañarse de un informe acreditativo del gasto emitido por los Servicios Sociales.
  • Demanda judicial o de ejecución hipotecaria en los supuestos regulados en el artículo 3a y 3b.
  • Decreto o sentencia judicial firme, resolución notarial, auto de adjudicación de la vivienda que se ocupaba, o resolución administrativa en los supuestos necesarios.
  • Contrato de alquiler y los tres últimos recibos o escrituras de constitución de la hipoteca, de la compraventa y recibos hipotecarios.
  • Auto de señalamiento de lanzamiento en ejecución de los títulos judiciales, si procede.
  • En el caso de dación en pago, documento validado de intermediación que acredite la pérdida de la vivienda o, en su defecto, informe del técnico mediador en lo referente al acuerdo con la entidad financiera.
  • Principio de prueba, acompañada de declaración responsable, en los supuestos necesarios.
  • Certificados de la gerencia catastral, respecto de todos los miembros mayores de edad de la unidad de convivencia, que acredite que no son propietarios ni titulares de otros derechos reales de uso o disfrute de ninguna vivienda o bien inmueble, en los términos establecidos en el artículo 5.2.
  • Cualquier otra documentación que se pueda considerar necesaria para comprobar que se reúnen los requisitos establecidos o la situación alegada.

Composición de la Mesa de Emergencia

  • Presidente y gerente del Consorcio de la Vivienda de Barcelona
  • Vocales y representantes de las siguientes entidades:
    • Instituto Municipal de Servicios Sociales
    • Área de Derechos Sociales
    • Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona
    • Departamento competente de vivienda de la Generalitat de Cataluña
    • Órgano competente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona
    • Cada uno de los organismos públicos que gestionen las viviendas
  • Secretario/a y representante del Consorcio de la Vivienda

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